Cómo la Cortesía Está Destruyendo la Democracia

El Senador Dick Durbin, Demócrata de Illinois y Presidente actual del Comité Judicial, se encuentra en el centro del debate sobre el uso de los “blue slips.” Foto por el gobierno EE. UU. / Senator Dick Durbin, Democrat of Illinois and current Chairman of the Judiciary Committee, is at the center of the debate over the use of blue slips. Photo courtesy of the U.S. government.

El Presidente Joseph R. Biden está haciendo historia, pero tal vez no por mucho más tiempo. Hasta este punto en su mandato, Biden ha nominado jueces a la judicatura federal a la tasa más rápida que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos desde el mandato del Presidente John F. Kennedy. Con 129 de sus nominaciones confirmadas por el Senado, ha cambiado drásticamente la composición de las cortes federales. 

En total, el Artículo 3 de la Constitución establece 870 magistraturas, lo cual significa que Biden ha designado 15 por ciento de la judicatura federal. Lo que hace esta estadística más impresionante es que 67 por ciento de sus jueces confirmados son de grupos minoritarios, representando un incremento de casi 51 por ciento sobre su antecesor Donald J. Trump. Además, 53 por ciento de los jueces confirmados son profesionalmente diversos. Es decir que la mayoría de estos jueces tienen experiencia en carreras legales no tradicionales como defensa pública, derechos civiles, derecho laboral y más. Varios presidentes antes de Biden tenían la tendencia de nominar principalmente a abogados corporativos y fiscales como jueces. 

Con el Partido Demócrata en control del Senado, Biden todavía tiene la oportunidad de hacer crecer su huella en la rama judicial. Sin embargo, una molesta tradición se interpone en su camino: el blue slip. 

El blue slip nació a principios del siglo XX en el Senado como una forma de “cortesía senatorial.” Bajo está costumbre, el Senado se negaría a confirmar una nominación del presidente al menos que el nominado fuera aprobado por los senadores representando el estado donde el nominado residía. Instituido por el Comité Judicial del Senado, el blue slip—llamado así por el color del papel físico que un senador utilizaba para escribir su opinión de un nominado—ha visto varias transformaciones a lo largo del último siglo. Inicialmente comenzó como una manera para que los senadores expresaran sus objeciones a los nominados nombrados a sus estados. En los últimos años, sin embargo, el blue slip se ha convertido en un arma partidista para obstruir la habilidad del presidente de nominar jueces a la judicatura federal.

Para apreciar el impacto que tiene el blue slip en la nominación de un juez federal, es importante entender la estructura de la judicatura federal. Las cortes federales se dividen en tres niveles. El nivel más bajo son las cortes distritales. Hay 94 distribuidas a través del país. Cada caso federal, civil y penal, comienza en este nivel. Arriba de este nivel existen las cortes de apelaciones organizadas por 13 regiones geográficas llamadas circuitos. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones estadounidense para el Segundo Circuito cubre los estados de Connecticut, Nueva York y Vermont. Así que un caso originado en el Distrito Oeste de Nueva York sería apelado al Segundo Circuito y no el Quinto, lo cual cubre los estados de Texas, Mississippi y Louisiana. 

Mapa de los límites de las cortes distritales y las cortes de apelaciones estadounidenses. Foto por el gobierno EE. UU. 

Litigantes en las cortes de apelaciones después tienen la opción de apelar al tercer y más alto nivel de la judicatura federal: la Corte Suprema. Debido a que la mayoría de apelaciones a la Corte Suprema fracasan (de 8,000 peticiones recibidas por año la Corte sólo escucha cerca de 80, o sea 1 por ciento), las decisiones hechas por las cortes de apelaciones son la última palabra en la gran mayoría de los casos. 

El sistema de blue slips ha complicado la habilidad de presidentes de poder nominar jueces a estos dos niveles inferiores de la judicatura federal. Un caso ilustrativo de esta dificultad se puede ver en el cargo que tuvo el Senador Demócrata James Eastland del estado de Mississippi como Presidente (chairman) del Comité Judicial entre 1956-1978. Eastland era un propietario adinerado de una plantación y un fuerte segregacionista quien se opuso a las decisiones liberales dictadas por la Corte Suprema bajo el Presidente del Tribunal (Chief Justice) Earl Warren. En particular, Eastland se opuso ferozmente a la decisión revolucionaria en el caso Brown vs. Board of Education (1954), el cual invalidó la segregación racial en las escuelas públicas de los Estados Unidos. A pesar de que Brown fue una gran victoria para el movimiento por los derechos civiles, no ofreció ningún plan específico para poner en marcha la integración en las escuelas públicas. Así que la Corte regresó al asunto en Brown vs. Board of Education II (1956) en donde dirigieron a las cortes inferiores a implementar Brown I con “determinada rapidez” (“with deliberate speed”). La Corte concluyó que, como la desegregación nacional demandaba soluciones locales, las cortes distritales estaban en una mejor posición para escuchar casos derivados de Brown I. Este razonamiento le ofreció a Eastland la oportunidad de poder desacelerar la integración.

Aunque perdió  la guerra nacional contra la segregación escolar, Eastland se dió cuenta de que él podría ganar las guerra estatales controlando cuales jueces podrían escuchar casos locales sobre desegregación. Sin embargo, con toda la atención del país concentrada en el gobierno federal, Eastland entendió que sería políticamente peligroso frenar una nominación judicial únicamente porque el nominado apoyaba la integración. Por consiguiente, decidió que el mejor camino era simplemente asegurar que un nominado pro-integracionista no avanzara a un voto completo por el Senado al negarles una audiencia de confirmación.

Así que después de treinta años de usar los blue slips como un gesto pro forma sin ningún peso real en el resultado final de las nominaciones, Eastland comenzó a manejar los blue slips como vetos absolutos (absolute vetoes). La falla del regreso de un blue slip o el regreso de un blue slip negativo significaba la muerte de una nominación judicial, como lo demuestra el hecho de que durante los 22 años del mandato de Eastman, ninguna nominación con un blue slip negativo avanzó fuera del Comité Judicial al Senado completo.

Desde entonces, la política de los blue slips ha cambiado frecuentemente, generalmente cada vez que el partido político minoritario recupera el control del Senado. Desde el 2018, la falta de dos blue slips positivos asegura que un nominado al corte distrital no reciba una audiencia de confirmación frente al Comité Judicial, incluso si la Casa Blanca consulta con los senadores del estado del nominado. Es aquí, en el efecto de la política sobre las nominaciones a las cortes distritales, donde radica el problema más grave con los blue slips y la razón por la cual deben eliminarse.

Ante todo, los blue slips invierten el sistema constitucional, controlando el proceso de nominación judicial. Bajo la Cláusula de Consejo y Consentimiento del Segundo Artículo de la Constitución, el Presidente nomina a los jueces federales y el Senado los confirma o rechaza. Esta distribución de poder establece una dicotomía esencial entre Presidente y Senador. Al nombrar los jueces, el Presidente es políticamente responsable al electorado nacional. Por otro lado, al confirmar o rechazar a un juez, un Senador es únicamente responsable al electorado del estado que representa. Cuando el blue slip se utiliza como veto absoluto, el Presidente es forzado a negociar con senadores individuales bajo la sombra de una amenaza de veto. Esta dinámica convierte el de jure poder del Senador de confirmar o rechazar nominaciones a un de facto poder de nominación. 

Inicialmente, esto puede parecer ventajoso. Si un senador tiene la habilidad de no permitir nominaciones de un presidente del partido político opuesto, entonces puede cerrar su estado a jueces federales con filosofías judiciales antagonistas a los intereses de sus constituyentes. Ya que un senador es técnicamente sólo responsable al electorado de su estado natal, sus decisiones de controlar o “gate keep” la rama judicial no pueden ser castigados por ciudadanos extra-estatales. Pero esta realidad política está en conflicto agudo con lo que esperamos de las cortes federales.

La judicatura federal debe ser un espacio único en donde los jueces estén dispuestos y capaces de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. Por ejemplo, ¿si los Senadores Ted Cruz y John Cornyn pueden “proteger” a Texas de las nominaciones para cortes distritales del Presidente Biden, que significa esto para los Tejanos con reclamos hostiles a la filosofía judicial de los jueces federales conservadores en Texas? La judicatura federal es un espacio legal nacional. Bajo los blue slips, deja de ser un foro nacional y renace como un conjunto de feudos senatoriales antagonistas. 

La solución no es regresar al sistema original de los blue slips cuando sólo eran una expresión de “cortesía senatorial” sino eliminar al sistema completamente. El problema de los blue slips se multiplica cuando consideramos el hecho de que la mayoría de las vacancias judiciales se encuentran en estados donde existe una atmósfera con intensa actividad judicial que afecta al país entero. Por ejemplo, Texas lleva al momento ocho vacancias en sus cortes distritales. El estado se ha encontrando en la vanguardia del movimiento contra el aborto y otros derechos fundamentales. El ejercicio del blue slip como veto absoluto por los Senadores Cruz y Cornyn asegura que la concentración de vacancias judiciales en su estado será llenada por un presidente Republicano más dispuesto a nominar jueces con filosofías judiciales alineadas a la perspectiva conservadora del Partido Republicano. 

Esta observación no sólo es preocupante para los ciudadanos Tejanos con reclamos no aceptados por la banca federal en Texas sino también es y debería ser preocupante para los ciudadanos viviendo fuera de Texas, porque hasta los jueces de cortes distritales (la primera y menos poderosa de los tres niveles de la rama judicial federal) tienen el poder de conceder un interdicto universal (universal injunction). Este tipo de alivio judicial permite que un juez bloque la implementación o continuación de una regla, regulación o ley federal en todo el país. En el contexto de blue slips, al poder cerrar su estado a las nominaciones judiciales de un presidente del partido político rival, y después llenar las vacancias cuando el partido rival pierda el poder, un senador puede asegurar una homogeneidad ideológica que incrementa la probabilidad de que el juez que escuche un caso federal en su estado pertenezca al campo ideológico más conducible a las ambiciones políticas nacionales de su partido político. Por ejemplo, por este camino, el Partido Republicano podría impedir el acceso al aborto en todos los estados presentando un caso en un estado con jueces en contra de los derechos reproductivos y escogiendo un foro con un juez distrital dispuesto a ofrecer un interdicto universal.

La continuación de los blue slips actualmente representa un peligro excepcional a la integridad de las cortes y el futuro de la democracia. Al final la decisión de restablecer el equilibrio constitucional entre el Presidente y el Senado reside en las manos del Senador Dick Durbin, Demócrata de Illinois y el Presidente actual del Comité Judicial. Los blue slips son una norma no una regla. Cualquier día el Senador Durbin podría decidir eliminar la práctica completamente. Sin embargo, si el Partido Demócrata y el Presidente Biden quieren mejorar la diversidad judicial y proteger la vitalidad de la judicatura federal, todo el conjunto democrático tendrá que unirse en oposición a los blue slips. 

El tiempo es ya para reconocer que la cortesía está destruyendo la democracia. El tiempo es ya para eliminar los blue slips. 

Max Hermosillo (CC ’25) es un Senior Editor para CPR y estudia ciencia política. Originalmente de San José, California, sus intereses incluyen Marvel, Dante y ley constitucional.

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President Joseph R. Biden is making history but perhaps not for much longer. Up until this point in his tenure, Biden has nominated judges to the federal bench at the fastest pace than any other president in the history of the United States since President John F. Kennedy’s time in office. With 129 of his nominations confirmed by the Senate, Biden has drastically changed the composition of the federal courts. 

In total, Article Three of the Constitution establishes 870 judgeships, which means that Biden has appointed 15 percent of the federal judiciary. What makes this statistic even more impressive is that 67 percent of Biden’s confirmed judges are people of color, representing an increase of about 51 percent over his predecessor Donald J. Trump. Moreover, 53 percent of his confirmed judges are professionally diverse. That is to say that the majority of these judges come from backgrounds that are traditionally not represented in the federal judiciary like public defense, civil rights law, labor law, and more. Most presidents before Biden mainly nominated corporate lawyers and prosecutors to the bench. 

With the Democratic Party in control of the Senate, Biden still has the opportunity to grow his footprint on the judiciary. However, an annoying custom stands in his way: the blue slip. 

The blue slip was created in the Senate at the beginning of the 20th century as a form of “senatorial courtesy.” Under this custom, the Senate refused to confirm a president’s nominee unless the nominee’s home-state senators approved the nomination. Instituted by the Senate Judiciary Committee, the blue slip—named for the color of the physical paper a senator would use to write their opinion of a nominee—has seen various transformations over the past century. Initially the blue slip began as a tool for senators to express their objections to a nominee named to their state. In the past few years, however, the blue slip has become a party weapon used to obstruct the president’s ability to nominate judges to the federal judiciary. 

To appreciate the impact a blue slip can have on the nomination of a federal judge, it is important to understand the structure of the federal judiciary. The federal courts are divided into three levels. The lowest level consists of the district courts. There are 94 distributed across the country. Every federal case, civil and criminal, begins at this level. Above the district courts are the courts of appeals that are organized into 13 geographical regions called circuits. For example, the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit covers the states of Connecticut, New York, and Vermont. Hence, a case originating in the Eastern District of New York would be appealed to the Second Circuit and not the Fifth, which covers the states of Texas, Mississippi, and Louisiana. 

A map showing the geographical limits of the U.S. district and appellate courts. Photo courtesy of the U.S. government.

Litigants in the appellate courts then have the option to appeal to the third and final level of the federal judiciary: the Supreme Court. Since the majority of appeals to the Supreme Court fail—of the 8,000 petitions received each year, the Court hears about 80, or 1 percent—the rulings made by the courts of appeals are the final word in the grand majority of cases. 

The blue slip system has complicated the ability of presidents to nominate judges to the two lower levels of the federal judiciary. One case illustrating this difficulty is seen in Senator James Eastland’s tenure as Chairman of the Judiciary Committee between 1956-1978. A Democrat from Mississippi, Eastland was a wealthy plantation owner and fierce segregationist who opposed the liberal decisions handed down by the Warren Court. In particular, Eastland ferociously criticized the revolutionary decision in Brown vs. Board of Education (1954) that struck down racial segregation in public schools across the United States. Although Brown was a great victory for the civil rights movement, it did not offer any specific mechanism for instituting integration in public schools. Therefore, the Court returned to this issue in Brown vs. Board of Education II (1956) in which it directed the lower courts to implement Brown I with “deliberate speed.” The Court concluded that, since national desegregation demanded local solutions, the district courts were in a better position to hear cases derived from Brown I. This reasoning offered Eastland an opportunity to decelerate integration. 

Although he lost the national war against school segregation, Eastland realized that he could win some state battles by controlling which judges were able to hear local desegregation cases. However, with the entire country’s attention fixed on the actions of the federal government, Eastland understood that it would be politically dangerous to halt a judicial nomination on the sole basis that the nominee supported integration. Therefore, Eastland decided that the best route for stalling desegregation was to simply deny pro-integration nominees confirmation hearings so they could not advance to a full Senate confirmation vote. 

So after 30 years of using blue slips as a pro forma gesture without any real effect on the outcomes of nominations, Eastland began to use blue slips as absolute vetoes. The failure to return a blue slip or the return of a negative blue slip spelled the death of a judicial nomination, as demonstrated by the fact that throughout the 22 years Eastman was chairman, no nomination with a negative blue slip advanced out of the Judiciary Committee and to the full Senate floor.

Since then, the blue slip policy has changed frequently, generally each time the minority political party has regained control of the Senate. Since 2018, the absence of two positive blue slips ensures that a district court nominee will not receive a confirmation hearing before the Judiciary Committee, even if the White House consults with the nominee’s home-state senators. It is here—in the policy’s effect on district court nominations—where the gravest problem with blue slips and the reason why they should be eliminated lie.

First of all, blue slips invert the constitutional system controlling the process of judicial nominations. Under the Advice and Consent Clause of Article Two of the Constitution, the President nominates federal judges and the Senate confirms or rejects them. This distribution of power establishes an essential dichotomy between president and senator. In nominating judges, the President is politically accountable to the national electorate. By contrast, in confirming or rejecting nominations, a senator is only accountable to the electorate of their home-state. When blue slips are used as absolute vetoes, the President is forced to negotiate with individual senators under the shadow of a veto threat. This new dynamic converts the de jure power of a senator to confirm or reject nominations into the de facto power to nominate. 

Initially, this new power seems advantageous. If a senator has the ability to block nominations of a president from the opposing political party, they can close their state to federal judges with judicial philosophies antagonistic to the interests of their constituents. As a senator is technically only accountable to their home-state electorate, their decisions to control or “gate keep” the judicial branch cannot be punished by citizens residing outside their state. Still, this political reality is in sharp conflict with what we expect from federal courts. 

The federal judiciary should be a unique space where judges are willing and able to safeguard the rights of all citizens. For example, if Senators Ted Cruz and John Cornyn can “protect” Texas from President Biden’s district court nominations, what does this gatekeeping signal to Texans with claims hostile to the judicial philosophy of the conservative judges sitting on the federal bench in Texas? The federal judiciary is a national legal space. Under blue slips, the federal judiciary ceases to be a national forum and is reborn as a conglomeration of antagonistic senatorial fiefdoms. 

The solution is not to return to the original blue slip system when they served only as an expression of “senatorial courtesy” but to completely eliminate them. The issue of blue slips multiplies when we consider the fact that the majority of judicial vacancies are found in states with an atmosphere of intense judicial activity affecting the entire country. For instance, Texas currently has eight district court vacancies. The state has found itself in the vanguard of the movement against abortion and other fundamental rights. The use of blue slips as absolute vetoes by Senators Cruz and Cornyn ensures that the concentration of judicial vacancies in their state will be filled by a Republican president more willing to nominate judges with judicial philosophies aligned with the conservative perspective of the Republican Party.

This observation is not only worrisome for Texan citizens with claims not accepted by the federal bench in Texas but also is and should be worrisome for citizens living outside of Texas because even district court judges—who compose the first and least powerful level of the federal judiciary—have the power to issue universal injunctions. This type of judicial relief allows a judge to block the implementation or continuation of a federal rule, regulation, or law across the entire country. In the context of blue slips, by being able to close their state to the judicial nominations of a president from the rival political party and then fill the vacancies when the rival party loses power, a senator can ensure ideological homogeneity that increases the probability that a judge hearing a federal case in their state will belong to the ideological camp most conducive to the national political ambitions of their political party. In this way, for instance, the Republican Party could impede access to abortion nationwide by bringing a case to court in a state with judges opposed to reproductive rights and choosing a forum with a district judge willing to offer a universal injunction. 

The continuation of blue slips represents an exceptional danger to the integrity of the courts and the future of democracy. Ultimately, the decision to restore constitutional equilibrium between the President and the Senate is in the hands of Senator Dick Durbin, Democrat of Illinois and the current Chairman of the Judiciary Committee. Blue slips are a norm not a rule. Any day now Senator Durbin could decide to completely eliminate the practice. However, if the Democratic Party and President Biden want to improve judicial diversity and protect the vitality of the federal judiciary, the entire Democratic community must unite in opposition to blue slips. 

The time is now to recognize that courtesy is destroying democracy. The time is now to eliminate blue slips. 

Max Hermosillo (CC ’25) is a Senior Editor for CPR majoring in Political Science. Originally from San José, California, his interests include Marvel, Dante, and constitutional law.